Los médicos, ante la encrucijada del aborto

Lectura recomendada por Canal 11 La Cumbre

Cuando les toca un caso, algunos avisan a la Policía, siguiendo el criterio de la Provincia , otros exigen mantener el secreto profesional. La ginecóloga Gladys Ponte, de Católicas por el Derecho a Decidir, comparte la postura. “El secreto está dentro de nuestras obligaciones, debe ser resguardado


Aunque estaba con un cuadro delicado, la joven de barrio Hipólito Yrigoyen que llegó al Hospital Materno Neonatal por una infección por aborto fue interrogada por policías, luego de que la jefa de Guardia denunciara su caso.

La médica siguió la recomendación del Ministerio de Salud de Córdoba, pero desoyó la opinión de la cartera de Salud de la Nación y organizaciones que piden guardar el secreto médico. ¿Hizo lo correcto? Cualquier decisión que tomen los profesionales en estos casos puede ser cuestionada.

El fantasma de la denuncia suele acompañar a la mayoría de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo. Y aunque los médicos reconocen que lo más frecuente es mantener la confidencialidad, varios profesionales siguen comunicándolo a la Policía. “En todos los casos, lo primero es atender a la paciente. Yo no soy juez, pero sí juré resguardar el secreto médico”, dice Martha Ledesma, ginecóloga del Hospital Rawson. Para ella, la confidencialidad es “una obligación”, contemplada en el Código Penal (artículo 156) y de Ética Médico.

La ginecóloga Gladys Ponte, de Católicas por el Derecho a Decidir, comparte la postura. “El secreto está dentro de nuestras obligaciones, debe ser resguardado. Así también lo entienden los curas, que no dicen cuántas mujeres les confesaron haberse hecho un aborto. Los médicos deberíamos hacer lo mismo”.

La otra mirada. El viernes 22 de enero, una joven de villa El Quemadero llegó al Sanatorio Santo Tomás tras ser sometida a un aborto. La chica fue imputada, aunque horas después quedó en libertad. El argumento para la liberación fue la preservación de su salud. Pero el antecedente quedó registrado.

Para el director de Asuntos Legales del Ministerio de Salud de Córdoba, Nicolás Zavaley, los médicos están obligados a dar aviso a la Policía porque el aborto es un delito tipificado en el Código Penal. “Si los médicos atienden a una persona herida de bala, aplicando la teoría del secreto médico no lo tendrían que denunciar. Entonces, ¿por qué notificar en ese caso y no en el de aborto?”, se pregunta Zavaley. El abogado asegura que a pesar de que la concepción del aborto “está cambiando”, los profesionales siguen estando obligados a denunciar un hecho penal.

Posturas encontradas. Desde el Concejo de Médicos de la Provincia de Córdoba indican que el tema de las denuncias es complejo porque existen derechos en colisión, lo que impide que haya una respuesta tajante sobre la actitud que deben tomar los profesionales. “Habrá que evaluar en cada caso”, indicó vía e mail el titular de la entidad, Mario Daniel Fernández, quien se negó a hablar telefónicamente para aclarar qué aspectos debería evaluar el profesional.

La única precisión dada fue que si la paciente concurre voluntariamente a un centro médico para que atiendan su estado de salud y está en riesgo su vida, esas circunstancias hacen que el secreto profesional prevalezca. “La mujer va por su gravedad física y no con intención de confesar su delito. Si el médico denunciara, estaría violando el principio constitucional de que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo y estaría incurriendo en violación del secreto profesional”, indicó Fernández.

La falta de acuerdo confunde y atemoriza a los médicos, que siempre encontrarán adherentes y opositores a su decisión. “Muchos tienen miedo a quedar involucrados, por eso denuncian. Pero se olvidan de que estamos amparados en el secreto profesional”, dice Ponte.

Casi siempre, la delación queda supeditada a factores personales, ideológicos y religiosos del médico o del centro de salud. Por ejemplo, el Hospital Rawson tiene la política de preservar la confidencialidad del aborto.

En el medio, ellas. Para Marta Alanis, presidenta de Católicas por el derecho a decidir, el principal peligro de la denuncia es que aleja a las mujeres del sistema de salud. “Por miedo a ser denunciadas, a veces llegan al Hospital cuando ya es tarde”, indica.

Paola Ferro, titular del Programa Nacional de Salud Sexual del Ministerio de Salud, sostiene que la no denuncia permite evitar muertos por aborto. Dice que el paso de la mujer por el hospital es “una oportunidad” para que se vaya con un método anticonceptivo y recursos que le permitan tener una reproducción responsable.

“Si se denuncia a las 500 mil mujeres que cada año se hacen un aborto, habría que construir una ciudad para meterlas a todas presas. Que los médicos no se queden en la prehistoria de los Derechos Humanos”, insiste Alanis.

La Voz del Interior

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