Rechazan amparo del Defensor del Pueblo de Córdoba por suba del gas

En su fallo, el magistrado a cargo del Juzgado Federal Nº 2 consideró que el ombudsman "carece de legitimación procesal para promover la acción de amparo" y en consecuencia desestimó la procedencia formal de la acción articulada.

"Se estima necesario aclarar que dicha decisión, lo es sin entrar a evaluar lo razonable o no del reclamo efectuado en el escrito de demanda, sino basada exclusivamente en la ausencia de la legitimación procesal de la parte actora, requisito que constituye un presupuesto necesario para que exista un caso o controversia que deba ser resuelto por el Tribunal", indicó Sánchez Freytes.

El magistrado consideró que la Defensoría del Pueblo de la Provincia tiene circunscripta su actuación al ámbito de los poderes públicos provinciales, no habiéndosele reconocido legitimación procesal ante los tribunales de justicia.

"De allí que la promoción de acciones judiciales contra el Estado Nacional, como la intentada en autos, excede su ámbito de actuación", expresa el fallo.

Y agrega: "Cabe precisar que las consideraciones aquí formuladas en orden a la falta de legitimación procesal del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba resultan en un todo concordantes con las que efectuara la Cámara Federal de Apelaciones en un amparo iniciado por la entonces defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Jessica Raquel Valentíni en contra del Estado Nacional".

Cita, además, otros casos análogos, ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires y en Santiago del Estero.

Decara se mostró "sorprendido"
El defensor del Pueblo expresó que si bien el juez Sánchez Freytes basa su resolución exclusivamente en la ausencia de legitimación procesal del ombudsman, "esta decisión condena al pago de una tarifa abusiva a los usuarios del servicio de gas y constituye una medida alejada de toda realidad social, que es injusta y desproporcionada y que deja a mas de 100 mil cordobeses en un estado de total indefensión".

Aseguró que el fallo deja el precedente de no declarar inconstitucional un decreto del Poder Ejecutivo nacional que crea un cargo tarifario, "que no es otra cosa que un tributo creado ilegalmente avasallando las facultades del Congreso Nacional".

"A pesar de que en las últimas horas se dio una solución momentánea y parcial a los efectos del decreto, no se resuelve en lo absoluto el problema, porque a partir del mes de octubre muchos cordobeses volverán a sentir el rigor del impuesto", opinó.

Tras conocer el rechazo de la medida cautelar, Decara envió a la Legislatura una solicitud de "urgente" para reformar la Ley 7741, del Defensor del Pueblo.

Cadena 3

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