Denuncian el pago de facturas apócrifas en Capilla del Monte
Denuncias penales en Capilla del Monte
Lo acusan del supuesto delito de defraudación agravada por administración fraudulenta. El pedido de investigación ingresó el lunes en la Fiscalía de Cosquín.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Roberto Arcuri, formuló una denuncia penal contra el intendente de esa localidad serrana, Gustavo de Figueredo (PJ), y el titular del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, Luis Bruna, por el supuesto delito de defraudación agravada por administración fraudulenta. El pedido de investigación ingresó el lunes último en la Fiscalía de Cosquín.
Según Arcuri, Bruna autorizó el pago de facturas por un total de 33.220 pesos a Carlos Hernández por la prestación de servicios vinculados principalmente a la obra para llevar agua potable desde el dique El Cajón hasta los barrios de la zona oeste de Capilla del Monte, ubicada 110 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba.
El tribuno constató, entre otras aparentes irregularidades, que el domicilio del proveedor (Paraná 1220, barrio Yapeyú, de la ciudad de Córdoba) no existe en la nomenclatura de la Capital y que el número de Cuit de Hernández (20-08620856-4) corresponde, en realidad, a Emilio Carlos Hernández, domiciliado en Justiniano Posse, localidad del departamento Unión (situada a 350 kilómetros de Capilla del Monte), según consta en el padrón único de contribuyentes responsables de la Afip.
Tampoco coincide con el tal Carlos Hernández el número de teléfono consignado en las facturas, impresas - según los datos de la documentación-, en Juan B. Justo 1227 de la ciudad de Córdoba, donde no existe ningún taller gráfico.
Arcuri respaldó documentalmente las supuestas irregularidades detectadas y solicitó a Hillman que ordene el secuestro de documentación probatoria del presunto delito en el domicilio de la Emoss y en el de Hernández, en Justiniano Posse.
En ámbitos judiciales de Cosquín, ya se refieren a este caso como el "Skanska de Capilla del Monte", en referencia a la investigación por supuesto pago de sobornos con facturas truchas para la ampliación del Gasoducto del Norte, en Buenos Aires, que salpica a funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner.
Invitaciones cruzadas. La semana pasada, Arcuri puso en conocimiento de la maniobra presuntamente fraudulenta de Bruna al intendente local, a quien le pidió que acompañara la denuncia penal, sin obtener respuesta alguna a la invitación. Consideró esta actitud de De Figueredo como un incumplimiento de sus deberes de funcionario público, razón por la que lo incluyó en la denuncia penal ante Hillman por los mismos cargos que a Bruna.
Por su parte, el mandatario de Capilla del Monte remitió inmediatamente la nota y la documentación aportada por el tribuno de cuentas a la asesora letrada del municipio, Alejandra Santucho.
En función de la valoración de las pruebas, Santucho le recomendó a De Figueredo que ordene al presidente del Tribunal de Cuentas, con carácter de "urgente", iniciar una investigación administrativa para determinar el grado de responsabilidad de Bruna en los presuntos actos delictivos. Esto, debido a que el Emoss es un organismo autárquico, con organización y presupuesto propios y sometido a control y fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas.
Ayer, De Figueredo envió a Arcuri una nota en los términos sugeridos por la asesora legal en la que, además, le ordena que, en caso de que surgieran de la investigación "sospechas fundadas" de actos ilegales, realice la denuncia penal correspondiente.
Finalmente, puso en conocimiento del tribuno su decisión de apartar del cargo a Bruna y pedirle al Concejo Deliberante que preste acuerdo para designar a un reemplazante en el Emoss, hasta tanto se resuelva el intrincado caso.
Fuente La Voz del Interior
Según Arcuri, Bruna autorizó el pago de facturas por un total de 33.220 pesos a Carlos Hernández por la prestación de servicios vinculados principalmente a la obra para llevar agua potable desde el dique El Cajón hasta los barrios de la zona oeste de Capilla del Monte, ubicada 110 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba.
El tribuno constató, entre otras aparentes irregularidades, que el domicilio del proveedor (Paraná 1220, barrio Yapeyú, de la ciudad de Córdoba) no existe en la nomenclatura de la Capital y que el número de Cuit de Hernández (20-08620856-4) corresponde, en realidad, a Emilio Carlos Hernández, domiciliado en Justiniano Posse, localidad del departamento Unión (situada a 350 kilómetros de Capilla del Monte), según consta en el padrón único de contribuyentes responsables de la Afip.
Tampoco coincide con el tal Carlos Hernández el número de teléfono consignado en las facturas, impresas - según los datos de la documentación-, en Juan B. Justo 1227 de la ciudad de Córdoba, donde no existe ningún taller gráfico.
Arcuri respaldó documentalmente las supuestas irregularidades detectadas y solicitó a Hillman que ordene el secuestro de documentación probatoria del presunto delito en el domicilio de la Emoss y en el de Hernández, en Justiniano Posse.
En ámbitos judiciales de Cosquín, ya se refieren a este caso como el "Skanska de Capilla del Monte", en referencia a la investigación por supuesto pago de sobornos con facturas truchas para la ampliación del Gasoducto del Norte, en Buenos Aires, que salpica a funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner.
Invitaciones cruzadas. La semana pasada, Arcuri puso en conocimiento de la maniobra presuntamente fraudulenta de Bruna al intendente local, a quien le pidió que acompañara la denuncia penal, sin obtener respuesta alguna a la invitación. Consideró esta actitud de De Figueredo como un incumplimiento de sus deberes de funcionario público, razón por la que lo incluyó en la denuncia penal ante Hillman por los mismos cargos que a Bruna.
Por su parte, el mandatario de Capilla del Monte remitió inmediatamente la nota y la documentación aportada por el tribuno de cuentas a la asesora letrada del municipio, Alejandra Santucho.
En función de la valoración de las pruebas, Santucho le recomendó a De Figueredo que ordene al presidente del Tribunal de Cuentas, con carácter de "urgente", iniciar una investigación administrativa para determinar el grado de responsabilidad de Bruna en los presuntos actos delictivos. Esto, debido a que el Emoss es un organismo autárquico, con organización y presupuesto propios y sometido a control y fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas.
Ayer, De Figueredo envió a Arcuri una nota en los términos sugeridos por la asesora legal en la que, además, le ordena que, en caso de que surgieran de la investigación "sospechas fundadas" de actos ilegales, realice la denuncia penal correspondiente.
Finalmente, puso en conocimiento del tribuno su decisión de apartar del cargo a Bruna y pedirle al Concejo Deliberante que preste acuerdo para designar a un reemplazante en el Emoss, hasta tanto se resuelva el intrincado caso.
Fuente La Voz del Interior
2745 lecturas
1 comentario de lector