Cada 24 de marzo es una oportunidad para centrar la mirada en los derechos humanos

Si bien muchos quisieran reducir el espacio de las violaciones a los derechos humanos a las sucedidas durante el reinado de la dictadura militar, una profundización de las investigaciones judiciales está revelando la complejidad y complicidad de las tramas sociales que tuvieron como mano ejecutora a las fuerzas armadas, pero como aliento, sostén y efectiva colaboración a los grandes empresarios, beneficiarios principales de la instauración del modelo neoliberal en el país.

No exculpamos con ello las complicidades de otros sectores sociales o factores de poder, como determinadas jerarquías eclesiásticas, dirigencias de partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos, o poderosos e importantes medios de prensa, que prestaron sus servicios para generar el necesario consenso social, sin el cual el terrorismo de estado no hubiera podido prolongarse en el tiempo, instalándose mediante el voto una democracia condicionada que por treinta años consagró la impunidad. No están desligados los crímenes de la dictadura de las políticas que han naturalizado la marginación social, la desocupación, la precarización laboral, la privatización de los derechos previsionales, la salud o la educación.

La impunidad que se impuso desde el poder político, con los buenos servicios de los poderes judiciales y legislativos, logró incorporarse como cultura social, a tal punto que la seguridad social, que antes estaba ligada a las garantías para mejores niveles de vida, ha quedado reducida a un problema de inseguridad policial, donde el dilema es el riesgo cotidiano de la vida.

Por eso las violaciones de ayer tienen que ver con las que se han prolongado en estos años de democracia. Y la lucha por el enjuiciamiento y la condena de los genocidas necesita del compromiso de todos para construir bases sólidas de una institucionalidad democrática, que debe poner en el centro de sus preocupaciones a los sectores sociales más desprotegidos, de aquellos que no pueden sostenerse por sus propios medios porque han sido invalidados social, cultural y económicamente por los poderes hegemónicos.

No se nos escapa que asistimos a denodados esfuerzos por legitimar una democracia que garantice no sólo la vida sino una buena calidad de vida a los argentinos. Nadie cree que sea una batalla fácil. Porque no depende sólo de la que se libre desde el estado, que por responsabilidad propia debe ejercitarla. Pero tampoco sólo la que se desarrolla en la sociedad, que le es ineludible hasta por necesidad de sobre vivencia. Superar las falsas dicotomías impuestas por el modelo neoliberal es parte de la batalla cultural que integra la lucha por los derechos humanos en la democracia.

Han sido más de treinta años de fuerte hegemonía del poder económico, que no sólo ha consolidado la cultura del individualismo en la sociedad, sino que ha desestructurado el estado y pervertido las instituciones, para que haciéndole perder credibilidad por ineficaces, logre un mayor aislamiento social, privatizando la vida de la gente y negando la lucha en la construcción de la ciudadanía.

Los derechos humanos se seguirán violando en la democracia si no somos capaces de revertir el raquitismo estatal, devolviéndole el carácter de garante de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Se avanzará así en mayores niveles de justicia social, que de todos modos siempre será tensionada en el conflicto de los distintos y generalmente contradictorios intereses sociales.

Las mayorías empobrecidas, las minorías discriminadas, los niños y los ancianos de la calle, las instituciones pervertidas por la mezquindad política, los derechos laborales menoscabados, el desmantelamiento educativo y el desamparo en la salud pública son apenas algunas muestras de la desigualdad social que estamos obligados a eliminar si es que queremos construir una democracia en serio, con igualdad de oportunidades en todos los niveles, teniendo presente que se trata de una construcción social, que implica la activa participación de los diversos actores, donde el estado debe jugar también un rol protagónico.

En el debate social se avanzó en el concepto de ciudadanía como el derecho a tener derechos; es decir entendiéndola como un proceso de toma de conciencia de los derechos inherentes a la condición humana, superando ampliamente aquel concepto liberal que la restringía a la capacidad de ejercitar los derechos políticos. El desafío ahora es transformar la realidad, para que la cuestión no quede reducida a la conciencia y ésta pueda expresarse en la materialidad de la vida.

Avanzar en más derechos cívicos, para mejorar la calidad institucional de la democracia. Pero al mismo tiempo poner en vigencia los derechos sociales, culturales y económicos transformando la legitimidad ética en legalidad moral.


(*) Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba y Secretario Adjunto de la CTA-Córdoba.

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