La Argentina censurada

Denuncias por actitudes del Gobierno Nacional frente al Derecho a la Información

Los recientes ataques a medios de prensa y periodistas personalmente identificados por parte de las más altas autoridades nacionales -incluso usando como ámbito el recinto del Senado de la Nación- abren un peligroso paréntesis en la vigencia de la democracia argentina.

El hecho de que sean protagonistas de tales agresiones el Presidente de la Nación y una senadora nacional, su esposa, hacen más amenazantes las intervenciones destinadas a establecer un cepo sobre una actividad inherente al funcionamiento pleno de las instituciones del la República.

Los dichos de funcionarios de segundo rango en la jerarquía oficial, con toda su carga agresiva, pasan a la categoría de anécdota cuando se cita una frase de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, lanzada en Nueva York y citada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH): “Los gobiernos deben ser inflexibles. El programa de gobierno (de la Casa Rosada) es la Argentina y es una política de Estado. Frente a quien no piense así el Gobierno va a ser inflexible”.

La elocuencia del concepto es inapelable, y claramente excluyente al no permitir disensos ni ideas que aporten algo nuevo a lo que las autoridades ya resolvieron en un círculo estrecho de toma de decisiones. Eso alcanza al periodismo, y a los periodistas que pretenden ejercer con independencia su oficio.

Pero lo grave, lo que hace más inaceptable las actitudes del matrimonio y el cenáculo de colaboradores inmediatos, es que al intentar ponerle una mordaza al periodismo arremete directamente contra un derecho fundamental de la sociedad: el de ser informada, que a nuestro juicio hasta supera al concepto de la libertad de expresión, con todo lo que ésta tiene de esencial para el libre desarrollo de un pueblo.

Como bien lo expresa el artículo quinto de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio (...) debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.

La Comipren rechaza enfáticamente este avance sobre derechos consagrados por la Constitución y los pactos internacionales, que prefigura un estilo autoritario reñido con la naturaleza de las sanas relaciones entre los ciudadanos y las instituciones argentinas.



Córdoba, 20 de julio de 2006.-



Ernesto Ponsati
Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Alexis Oliva
Jorge Conalbi


Mesa Ejecutiva de COMIPREN

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