Proponen que el abuso sexual de niños sea imprescriptible
Iniciativas de funcionarios cordobeses serán enviadas al Parlamento
Dos iniciativas de funcionarios del Poder Judicial de Córdoba, entre otras cuatro propuestas que surgieron del Primer Congreso Latinoamericano de Niñez. Adolescencia y Familia realizado recientemente en la ciudad de Mendoza, serán enviadas al Parlamento argentino con la recomendación expresa de que se incluyan en una futura reforma legislativa.
Una de las iniciativas, presentada por el fiscal de Cámara Marcelo Altamirano, propone un sistema único de interrogación a niños víctimas y testigos de delitos, mediante la Cámara Gesell, un recinto en el que las partes observan a través de un vidrio espejado el interrogatorio que, cuidando su integridad, le realiza al niño afectado un profesional especialmente capacitado para evitar una nueva victimización.
El proyecto de Altamirano se aprobó por unanimidad y con la recomendación a los Tribunales Superiores de todas las provincias para que adopten el sistema único de interrogación.
La otra iniciativa cordobesa que también cosechó apoyo fue presentada por la asesora letrada de Menores Laura Moronta, quien postuló que los niños infractores “tengan contacto inmediato con la defensa desde el momento mismo de la detención”.
La propuesta fue debatida en la comisión de Procedimiento Penal de Menores.
Delito imprescriptible. Varias ponencias abordaron la cuestión del abuso sexual infantil, un delito que adquiere cada vez más visibilidad en el país.
La ponencia de la jueza de Menores de Mendoza María Amanda Fontemachi, quien recibió el apoyo unánime: propuso que cuando la víctima de delitos contra la integridad sexual sea un niño o un adolescente menor de 18 años, la acción sea imprescriptible. Para ello, se torna necesario una reforma legislativa, y ese fue justamente el pedido que acompañó el dictamen girado al Congreso Nacional.
En este mismo tema, también tuvo apoyo la propuesta del jurista santafesino Geraldo Morello, quien postuló que “cuando la víctima de un delito sexual sea una persona menor de 18 años, la acción deje de ser de instancia privada, sino que deba ser de oficio”.
Según la legislación actual, si no media la denuncia que inste la investigación, estas causas no pueden ser abordadas por el sistema judicial.
Además de la recomendación al Congreso Nacional para una reforma legislativa que incorpore las propuestas, se giraron las conclusiones a los parlamentos y autoridades judiciales de países latinoamericanos.
Fuente La Voz del Interior
El proyecto de Altamirano se aprobó por unanimidad y con la recomendación a los Tribunales Superiores de todas las provincias para que adopten el sistema único de interrogación.
La otra iniciativa cordobesa que también cosechó apoyo fue presentada por la asesora letrada de Menores Laura Moronta, quien postuló que los niños infractores “tengan contacto inmediato con la defensa desde el momento mismo de la detención”.
La propuesta fue debatida en la comisión de Procedimiento Penal de Menores.
Delito imprescriptible. Varias ponencias abordaron la cuestión del abuso sexual infantil, un delito que adquiere cada vez más visibilidad en el país.
La ponencia de la jueza de Menores de Mendoza María Amanda Fontemachi, quien recibió el apoyo unánime: propuso que cuando la víctima de delitos contra la integridad sexual sea un niño o un adolescente menor de 18 años, la acción sea imprescriptible. Para ello, se torna necesario una reforma legislativa, y ese fue justamente el pedido que acompañó el dictamen girado al Congreso Nacional.
En este mismo tema, también tuvo apoyo la propuesta del jurista santafesino Geraldo Morello, quien postuló que “cuando la víctima de un delito sexual sea una persona menor de 18 años, la acción deje de ser de instancia privada, sino que deba ser de oficio”.
Según la legislación actual, si no media la denuncia que inste la investigación, estas causas no pueden ser abordadas por el sistema judicial.
Además de la recomendación al Congreso Nacional para una reforma legislativa que incorpore las propuestas, se giraron las conclusiones a los parlamentos y autoridades judiciales de países latinoamericanos.
Fuente La Voz del Interior
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