Morandini presentó un proyecto por la violación a la correspondencia del periodista que investiga una causa de contrabando

El correo electrónico del periodista Daniel Santoro ha sido violado por personas no identificadas durante los meses de marzo y abril del corriente año, según confirmó el mismo periodista en una declaración testimonial ante el juez federal Guillermo Montenegro. El espionaje del que fue víctima Santoro incluye la correspondencia que mantenía con el juez federal Daniel Rafecas, quien tuvo a su cargo la causa que involucra a dos ciudadanos de origen serbio en un intento de contrabando de cocaína a Europa, operativo conocido como “Viñas Blancas”, y que el periodista del diario Clarín investiga en la actualidad.
Como informa el diario Clarín en su edición del día 11 de mayo, Rafecas y Santoro intercambiaban correos electrónicos con preguntas y respuestas “off the record”, es decir, para publicar con reserva de la fuente. La copia de estos mensajes electrónicos fue presentada ante el Tribunal Oral 5 por José Manuel Ubeira, el abogado de uno de los serbios implicados en el presunto contrabando. Ubeira aclaró que dicha copia llegó a sus manos de manera anónima. Esta presentación motivó al fiscal Carlos Stornelli a solicitar al juez Montenegro que investigue quién espió y robó correos electrónicos del periodista de Clarín y del juez federal Rafecas.
En un comunicado emitido el 11 de mayo, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) recuerda que el Secreto Profesional, tutelado por la Constitución Nacional luego de la reforma de 1994, “constituye una norma esencial para el desarrollo del periodismo de investigación”. En este sentido, reitera “su rechazo por estos delitos que comprometen derechos constitucionales que garantizan el ejercicio pleno de la actividad periodística”.
En su largo proceso de democratización, la Argentina vive como cultura tardía todos los fenómenos de la modernidad, expresada en la paradoja de que vivimos los problemas nuevos de la era digital distorsionados por el atraso cultural: una sociedad que aún no incorporó como valor colectivo, sustancial a la democracia, el derecho a decir. En tanto en el mundo desarrollado se aprecia la tecnología cibernética como la mayor promesa de libertad, entre nosotros, los resabios de espías del Estado, devenidos en mercenarios informáticos, utilizan la tecnología para el control y la extorsión, prácticas legadas por un Estado que, bajo el pretexto de combatir al terrorismo, utilizó instrumentos de terror para censurar y controlar a la sociedad.
Si el pasado autoritario amordazó la libertad de prensa y el miedo inmovilizó a la sociedad, en la era digital, la tecnología cibernética está lejos de ser el espacio cívico de conversación democrática en el que se crean comunidades de intereses afines, propugnado por las sociedades mas desarrolladas. Entre nosotros, el soporte digital sustenta aspectos salvajes de nuestra cultura política: la calumnia anónima y el espionaje extorsivo para inhibir a los espíritus independientes, sea un periodista, un juez o un legislador.
Mientras el mundo desarrollado indaga sobre la relación del exceso de información con la educación, la libertad y la sabiduría, en la Argentina la ausencia de una cultura de derecho habilita como “normal” las que son violaciones a la libertad de prensa. El derecho a resguardar las fuentes, una de las principales garantías del trabajo periodístico, no es privativo del periodista sino de la sociedad a la que expresa. Si la libertad del decir conlleva la responsabilidad inherente a ese derecho, esa libertad debe estar amparada por las restricciones legales y el control del Estado, que es quien debe garantizar el derecho constitucional de las sociedades a ser informadas.

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